Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo del Estado, que puede representar a cualquier poder público que exista, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el Congreso o Parlamento, los tribunales, la Administración pública y, en general, todos aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado.
¿Como seria la situación si el presidente de la república se paseara por la zona Educativa del estado Aragua y viera la cantidad de funcionarios inepto-innecesarios que se alberga allí? Más supervisores que obreros, más porteros que puertas, más secretarias que oficinas. La peor parte del funcionamiento de toda esta horda que forman parte del equipo del jefe de zona de turno, es el trato que reciben los docentes y en especial los docentes interinos, los cuales, tienen que sufrir perdida de tiempo, esfuerzo, esperanza y dinero tratando de solventar los problemas entre la Zona y Caracas para que les paguen a tiempo.
Por lo general los interinos nunca pueden cobrar a tiempo, porque cuando no es Caracas que no encuentra los recaudos en las cajas que mandan al MPPE, es que la, o él analista de la zona educativa de Aragua los lleno mal, o los botó, sin tener la humanidad y caridad suficiente de avisar al interino, para que este reponga sus papeles y solucionar el problema rápidamente. El problema en si, es que el interino nunca puede cobrar a la hora de pagar. Mientras los funcionarios de instituciones públicas no puedan ser juzgados por las irresponsabilidades cometidas en sus puestos, el país tendrá enormes dificultades para progresar.
Resolver el problema de la responsabilidad de los funcionarios, por el uso o abuso de autoridad que ejercen, es la base de una buena administración pública. El problema no consiste en declarar que los funcionarios públicos tienen responsabilidades sobre el trabajo que ejercen, sino, en el modo de hacer efectiva la responsabilidad del gobernante, para que cumpla su trabajo con dedicación y esmero, sin apoyarse en su conchupancia política con el jefe de turno. Los funcionarios públicos tienen responsabilidades en sus puestos y deben respetarla.
Todos o casi todos los funcionarios que ha tenido la Zona Educativa de Aragua han hecho una costumbre suya ser infractores de los procedimientos administrativos. Cada vez que se intenta acusar a un funcionario de la ZEA, no importa qué tan sólida y fundamentada sea la acusación, esa persona consigue burlarse de ella. Tantos son los casos de infraccion que han ocurrido, que estos funcionarios han ido creando una garantía con la que pueden hacer impunemente lo que quieren con el personal que trabaja en las escuelas y liceos.
La carencia de una manera legal de exigir responsabilidad, hace que con el tiempo, la irresponsabilidad del funcionario se vuelva una garantía. Ellos en la Zona Educativa de Aragua están seguros de que hagan lo que hagan, a nadie rendirán cuentas. Al hablar de la responsabilidad laboral de los funcionarios de la Zona Educativa de Aragua, no se debe incluir a todos sus miembros porque siempre existe la excepción, pero todo aquel que incumpla debería responder ante las acusaciones por su mala función.
La responsabilidad de un funcionario como tal, puede ser de dos tipos entre los que hay que hacer una distinción. Un tipo es el delito y otro la falla, según sea la malicia, o la simple ineptitud. Así, lo uno como lo otro puede causar grandes males a las personas, a la institución y al estado. Al tratar de evaluar el desempeño de un funcionario hay que examinar su aptitud para desarrollar las funciones del puesto que ocupa, pero también hay que examinar su inocencia o culpabilidad, ya que no puede hacerse lo mismo para quitar a un inepto de un puesto, que para castigar a un criminal.
El no hacer esa distinción entre ineptitud y criminalidad es una de las razones por las que se fomenta la irresponsabilidad de los funcionarios. La ineptitud no puede ser vista como criminalidad, y si lo es, el funcionario puede recibir vejaciones inmerecidas. Si se llegara a un juicio, el funcionario acusado podría recibir un castigo injustificado, o un perdón indebido. La causa de la existencia de funcionarios que abusan del poder es la falta diferenciación entre ser incapaz y ser criminal. Eso es lo que hace que funcionarios ineptos o inmorales mantengan sus puestos con el consecuente daño a la sociedad.
En cuanto a la existencia de funcionarios incapaces, es obvio que en todo buen sistema de gobierno debe existir un órgano con el poder para separar de sus puestos a los incapaces. Debería existir una institución gubernamental encargada de juzgar el desempeño de los funcionarios y, por ende, la existencia de criterios de desempeño. Es indispensable la formación de ese órgano del gobierno, porque nada puede tener tan fatales resultados como los de la tolerancia de hombres ineptos en los puestos públicos.
Todos los males que ha sufrido este país, que no son pocos, y todos los que podrá sufrir, han sido y serán principalmente debidos a las criminales omisiones de funcionarios ajenos a toda responsabilidad. Mientras no existan disposiciones a nivel constitucional que hagan realidad la exigencia de responsabilidad al funcionario público, esos males seguirán existiendo.
Prof. Héctor Ruiz
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